Desde principios de este mismo año, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario (Siep) ha peinado la provincia en busca de una ubicación idónea y, al parecer, ya han fijado su objetivo: la localidad de Siete Aguas . Este municipio es el que cuenta con más opciones.
El futuro centro será uno de los más grandes que se construyan en España hasta el próximo año 2012. Tendrá capacidad para 1.008 reclusos en celdas funcionales y otros 206 en salas complementarias (módulos de enfermería, ingresos y aislamiento). El presupuesto, según informó en su día Instituciones Penitenciarias, rondará los 92 millones de euros. Será la sexta macrocárcel de la Comunitat Valenciana. Actualmente se encuentran Picassent, Fontcalent, Villena y Castellón. A estas se sumará durante el primer semestre de 2008 el centro de Albocàsser.
La discreción con la que se ha llevado el proceso es máxima. Siep, órgano que depende del Ministerio del Interior, no ha querido informar de las posibles ubicaciones en las que ha trabajado durante casi un año.
Al parecer, hace unos meses terminó ya el proceso de búsqueda y se trataba entonces de elegir entre las candidatas. Las mismas fuentes consultadas apuntan que hace unos meses se produjo ya una reunión entre Instituciones Penitenciarias y el Consell.
Fuentes cercanas a la negociación apuntaron en su día la dificultad de encontrar un terreno apropiado. En primer lugar, la extensión. Se necesitan alrededor de 300.000 metros cuadrados, ya que hay que tener en cuenta que una cárcel requiere de un amplio perímetro de seguridad.
Además, a la magnitud de la parcela se suma otro inconveniente, que consiste en que la propiedad del terreno esté repartida entre muchos propietarios, lo que complica enormemente la adquisición.
La localidad seleccionada debe cumplir unos requisitos básicos. En primer lugar se descartan todos los municipios de costa por la humedad, con lo que las posibilidades ya experimentan una merma considerable. A continuación, hay que buscar una población con buenas comunicaciones -a Siete Aguas se llega por la A-3 en unos 40 minutos desde Valencia-. A esto hay que añadir que además también está relativamente cerca de Picassent, aproximadamente la misma distancia.

Diálogo y colaboración
El Consell mostró desde el primer momento su disposición a colaborar en la ubicación de la nueva prisión. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se reunió en 2006 con el entonces conseller de Interior, Miguel Peralta, para mostrar su voluntad de diálogo. Fue simplemente una toma de contacto, pero donde quedó patente la voluntad de ambas Administraciones por llevar a buen puerto la propuesta.
De todos modos, una penitenciaría no es una idea que agrade a ninguna Administración por los problemas que puede generar en el municipio seleccionado, más teniendo en cuenta las elecciones de marzo.
Pero la Comunitat y, en especial la provincia de Valencia, necesitan urgentemente una nueva prisión. El centro de Picassent se ha quedado ya obsoleto desde hace años. Supera con creces el número de presos para el que fue diseñado. Los sindicatos han denunciado reiteradamente que la saturación alcanza cifras próximas al 200 por ciento.
La nueva macrocárcel debería paliar esta situación, aunque desde el Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ya alertaron hace meses de que no se terminará con la saturación de presos. La cárcel se quedará pequeña nada más abra sus puertas, según los letrados.
Las estadísticas que maneja Instituciones Penitenciarias corroboran la necesidad de una nueva prisión. Actualmente son más de 2.000 internos los que cumplen condena o están a la espera de recibir una sentencia en otros centros penitenciarios de España.
Además, la región, junto con Andalucía y Madrid, son las autonomías donde la población reclusa está experimentando mayores crecimientos en los últimos años. Las negociaciones para que todas las Administraciones den el visto bueno a Siete Aguas serán largas y a buen seguro que no estarán exentas de polémica.
Los vecinos afectados por una prisión suelen rechazarla porque creen que una cárcel generará más delincuencia en la población y en los alrededores. En cambio, para los Ayuntamientos se trata de una importante fuente de ingresos y de mejora de las infraestructuras del municipio.